Las gasolineras low cost tienen sus ventajas pero también sus inconvenientes. Esta disminución del precio respecto a las clásicas que hay en el mercado no se da por arte de magia sino que detrás hay una mayor productividad a costa de una flexibilización del factor humano o incluso el ahorro de personal.
En muchas de ellas no hay ni siquiera una sola persona operando por si hubiese un problema, ya sea en el pago o en la acción del repostaje. ¿Has acudido a alguna de ellas? Tanto si sí que has podido comprobar cómo es su funcionamiento como si nunca lo has intentado, lo cierto es que están a punto de desaparecer, al menos en una parte de España.
La votación por mayoría parlamentaria en las Cortes de Castilla y León en una modificación en el Estatuto del Consumidor provocará que en un término de 3 meses, todas y cada una de las gasolineras que actualmente operan sin un solo trabajador, deban contar con al menos una persona cualificada para el puesto trabajando.
¿Fin al autoservicio en gasolineras que trabajan sin personal?
La aprobación de la Ley se ha llevado a cabo gracias a los votos favorables de PP, PSOE, Podemos e IU, el voto en contra de Ciudadanos y la abstención de UPL. Según se ha podido saber, la nueva norma buscaría cumplir 3 objetivos principales:
Protección de los derechos de los consumidores.
Garantizar el acceso a las personas con discapacidad a la hora de suministrarse carburante.
Evitar la destrucción de empleo en un sector competitivo en la economía de Castilla y León.
La medida tendrá, por tanto, un efecto positivo en la economía local ya que cada una de las gasolineras afectadas deberá contar, como mínimo, con un trabajador cualificado durante el tiempo en el que establecimiento esté abierto.
El aumento continuado de este tipo de autoservicio hacía que cada vez contase con un mayor número de consumidores dispuestos a prescindir del operario en aras de ahorrarse unos céntimos por litro. Esta mayor competitividad estaba comenzando a minar a un sector del cual viven más de 1.000 familias en toda la Comunidad.
El mercado no podía competir en una escala de precios tan bajos ya que según algunas estimaciones, el precio que se repercute al cliente tiene incorporado un 60% de porción que le corresponde al empleo.
Así pues, si pasados este margen que ha impuesto el Gobierno hay alguna de las sucursales que no posee a ningún empleado en cada estación se procederá a sancionar con una multa de 3.000 a 15.000 euros en función de la gravedad al propietario de los surtidores protagonistas.
