Muchos eran los medios en los que se estaba publicando que el gobierno sancionaría a los usuarios de servicios como BlaBlacar o Uber, con multas que van entre los 401 y 600 euros para particulares y de 4000 a 6000 euros para las empresas que ofrezcan servicios de transporte sin la correspondiente licencia.
Ahora es el Ministerio de Fomento quien aclara que los viajes compartidos en coches particulares en los que se repartan gastos no necesitan una licencia correspondiente para realizar estos viajes. El revuelo comenzaba con una nota emitida por Fomento recordando que es necesario una autorización para el transporte de viajeros en turismo particular mediante una retribución económica. Cuando se dijo esto, se pensaba en plataformas como la de Uber, que es una plataforma que está teniendo bastante éxito en la que los conductores y pasajeros se ponen en contacto para realizar dicho viaje, pero esta vez con fines lucrativos.
Pero a diferencia de Uber, esta nueva ley no afectaría a servicios como el de BlaBlacar, que hace lo mismo que Uber pero sin fines lucrativos. En BlaBlacar solo se comparten gastos de viaje, sin ánimo de lucro ni conductores profesionales. Es por esto que la nota emitida podría dar lugar a una confusión entre servicios y los fines de cada uno.
Esto viene a raíz de que Fenebús, la patronal del autobús, anunciase en marzo su decisión de denunciar a la web por lo que considera competencia desleal, y por haberle quitado un cacho de su pastel, en concreto un 10% de mercado.
Por otra parte, BlaBlacar ya ha emitido su nota despejando las dudas surgidas entre sus usuarios. En ella aclaran que son una plataforma que conecta personas particulares que quieran compartir los gastos de un viaje en coche. No se trata de un viaje con fines lucrativos ni retribución económica, si no de la compartición de unos gastos asociados a ese trayecto por una cifra pactada antes de realizarlo. Por lo tanto, los usuarios de BlaBlacar sólo comparten los gastos del viaje, no se dedican al transporte de viajeros por cuenta ajena.
Ellos mismos explican la diferencia de Uber, los usuarios de dicha plataforma si ejercen una actividad profesional cobrando una retribución económica por llevar pasajeros dentro de la ciudad, en distancias casi iguales a las de un taxi convencional. Por lo tanto se trata de un negocio en la que no tienen, ni tan siquiera, su correspondiente licencia para ejercerlo.
El transporte de viajeros requiere una licencia administrativa y el conductor debe estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas y en la Seguridad Social como si de un trabajador convencional se tratase. Además, debe tener todos los seguros de transporte en vigor.
Por lo tanto, las personas de promuevan, oferten o presten este tipo de servicios con fines lucrativos, se enfrentarán a sanciones económicas que van desde los 4.001 hasta los 6000 euros. Estos importes podrían aumentar, si hay reiteración, hasta los 18.000 euros.