Si uno se para a pensar el por qué del plan PIVE en España llegará a la conclusión de que está vigente por varios motivos. Entrando en vigor en plena crisis económica, ha servido de ayuda para tirar de un sector que sufrió mínimos históricos en cuanto a matriculaciones.
Estas ayudas se han ido aprobando en forma de ediciones y actualmente estamos inmersos en la número 8, la cual no será la última puesto que ya se ha anunciado una novena para el año que viene. Dejando a un lado el debate sobre si sería necesario un nuevo paquete de subvenciones, lo cierto es que la regla fundamental para poder uno acogerse es comprar un vehículo que no supere un determinado nivel de emisiones contaminantes.
Hasta aquí todo parece normal pero las cosas comienzan a ponerse feas cuando aparece en primera escena el coloquialmente denominado Dieselgate que tiene a Volkswagen como protagonista. El caso conocido ya por todos ha salpicado hasta el mismísimo erario público y no es para menos porque hay que recordar que una parte beneficia principalmente a los concesionarios de los fabricantes.
El Gobierno reclamará el PIVE de todos los Volkswagen implicados
Todo parecía indicar que tarde o temprano el engaño le pasaría factura en términos legales con la administración pública española. Así pues, el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha expresado la intención por parte del Gobierno de reclamar la cantidad equivalente al número de unidades matriculadas con el software que enmascaraba los datos reales de emisiones. Este proceso no debería demorarse varias semanas debido a que Alemania ha pedido explicaciones y se ha fijado como fecha tope el 7 de octubre para que se aporten todos los datos en relación a dichoso programa.
Así pues, en los próximos días se sabrá cual es el importe que debe transferir el grupo VAG a las arcas del Estado a consecuencia del escándalo y engaño efectuado por el holding alemán. Dicho montante no será nada si se compara con el castigo que ha sufrido en los mercados bursátiles y con la posible multa que espera de las autoridades alemanas.
Independientemente del anuncio efectuado por el ministro Soria, las filiales Audi, Volkswagen, Seat y Skoda han paralizado las ventas de 3.320 vehículos que podrían estar afectados por el sistema que modifica los resultados según se someten los vehículos a la prueba que mide las emisiones. Por tanto, se espera que más de algún desilusionado comprador decida echarse para atrás por sentirse estafado por una compañía con una reputación intachable hasta hace apenas una semana.
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Todo parece indicar que en la compañía que más ventas ha generado en el mundo va a haber un antes y un después tras todo el revuelo que se ha montado en los últimos días. Pese a que en varias ocasiones se denunció esta práctica, ha sido ahora cuando la EPA lo ha hecho público, viralizándose y manchando la imagen de una compañía que gracias a su política investigadora en energía eléctrica parecía estar haciendo las cosas bien.
