Desde hace más de una década los conductores tienen que tener mucho más cuidado del habitual para no ser cazados por alguno de los radares distribuidos por las carreteras españolas. Asemejamos los radares con la circulación por encima de los 90 km/h pero hay que tener muy presente que también los hay que sacan fotos a velocidades comprendidas entre los 30 km/h y los 50 km/h, principalmente situados en el ámbito urbano y los cuales se jactan del desconocimiento de muchas personas que van al volante de sus coches.
Quizás, recuerdes como hace unos días apareció la última gamberrada del famoso Rémi Gaillard, el cual hacía de fotógrafo con varios modelos posando frente a un radar. Las diferentes tomas no podrían haberse realizado si dicho detector de velocidad hubiese estado en lo alto de la carretera. Hay algunos, sobre todo los radares de semáforo, que deben situarse encima del carril para poder fotografiar las infracciones desde un mejor ángulo para que ningún infractor se libre de pasar por caja.
Precisamente, acaba de dictaminarse una sentencia que anula el recurso presentado por el Ayuntamiento de Bilbao, el País Vasco. En dicho documento se alega que los radares de semáforo instalados en la ciudad de San Sebastián son ilegales por no estar homologados y violar la presunción de inocencia de los infractores. Curioso, ¿verdad?
Es importante destacar, pues, que durante los años que ha estado operativo, desde el 2012 hasta el 2014, ha generado más de 600.000 euros, lo que equivale a más de 800 euros diarios en recaudación durante este periodo. Teniendo en cuenta que la instalación no debería de suponer más de 10.000 euros para el consistorio, los beneficios se alcanzan a los pocos días de la puesta en marcha. Es más, dado que cada multa ha sido de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir, es sencillo hacer una estimación de con que fuesen multados 4 infractores, se conseguía dicha cifra.
Desde el organismo público se defiende que la instalación de estos detectores de velocidad ha contribuido a que se reduzca el número de siniestros y atropellos en un 50% pero dichas alegaciones no han servido para que el Tribunal Supremo echase para atrás la sentencia. Dejaron de estar operativos el año pasado y si quieren volver a utilizarlos deberían cambiar el método para detectar nuevos infractores. Pensándolo bien, se estima que cada uno puede generar hasta un millón de euros cada año dependiendo de la ubicación por lo que la tentación para volver a instalarlos es muy alta.
En los últimos años, esta tendencia de colocar en puntos estratégicos este tipo de radares se ha multiplicado en las ciudades de toda la geografía española. Los motivos son bien sencillos, su sencilla puesta en marcha con el alto volumen de ingresos para las arcas públicas incentivan a los grandes ayuntamientos a la incorporación de estos vigilantes del cumplimiento de la ley. Pese a ello, esta sentencia debería poner en alerta a estas Administraciones por si se sigue el mismo procedimiento que se ha llevado a cabo en Bilbao y San Sebastián en el resto de localidades.
