Dos años y medio ha necesitado el circuito de Jerez para salir del concurso de acreedores en el que actualmente se encontraba, tal y como se ha pronunciado el Ayuntamiento de Jerez y sus portavoces en un comunicado. Cirjesa, la junta de acreedores, ha aprobado hoy el convenio de pago de la deuda que actualmente asciende a unos 32,3 millones de euros y permite culminar así el procedimiento iniciado hace casi tres años, en el verano de 2011.
Se abre ahora un plazo de cinco días para que el juez que lleva el caso dé el visto bueno a este acuerdo y a otro posterior para que los acreedores acojan cualquier fórmula de pago propuesta en sociedad. Los acreedores privilegiados cobrarán íntegramente la deuda sin quita alguna, es decir, 25,6 millones de euros aunque el dinero irá para el propio Ayuntamiento de Jerez.
Los acreedores acumulan pagos pendientes por el importe de 6,7 millones de los que 4,8 millones son de la Caixa Catalunya, 1,4 millones de Dorna y la empresa municipal de recaudación Jereyssa a la que se le debían unos 300.000 euros. A estos acreedores se les han propuesto varias fórmulas de pago para hacer frente a la deuda.
La primera fórmula consiste en la devolución del 100% de esa deuda, incorporando o ampliando la participación en sociedad. La segunda opción no sería otra que una especie de financiación en la que se devolvería ahora el 9% de la totalidad y lo restante en un periodo de 18 años. La tercera opción consiste en la quita del 70% y la devolución de lo restante de inmediato.
Caixa Catalunya ha optado por la segunda de estas opciones y el resto deberá comunicar su decisión en los próximos días. La solicitud para el concurso de acreedores del circuito fue una de las primeras decisiones que optó el gobierno presidido por María José García Pelayo cuando Cirjesa acumulaba una suma de 48 millones de euros en deudas.
Parte de la cantidad endeudada se debía a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que fue la que hizo la remodelación del complejo. Cobraron 10 millones de euros a través del plan de pago a proveedores pero ahora consideran que no existen pagos pendientes con la empresa, el actual real decreto impide reclamar intereses e indemnizaciones.
