Hace un tiempo que las diferentes Administraciones, en sus correspondientes escalones jerárquicos, han avisado que la contaminación en las ciudades se ha recrudecido, en parte, por la venta ‘a granel’ de vehículos con tecnología diésel.
Pese a que la gran mayoría de esos vehículos no realiza ni 12.000 kilómetros al año (eso es otra cuestión) lo cierto es que muchos conductores decidieron, en su día, adquirir uno sin que la marca ni el Estado les informasen de las emisiones contaminantes.
Entonces, ¿qué es lo que prepara la Unión Europea para reducir la contaminación? Uno de los focos se centra exclusivamente en estas motorizaciones, las cuales representan, aún a día de hoy, prácticamente la mitad del parque automovilístico en España en lo relacionado a matriculaciones.
Qué es lo que viene para quedarse por recomendación de la UE
Lo único que es seguro es que no se librarán de medidas que afecten, directa o indirectamente a esta tecnología. El Parlamento de la Unión Europea acaba de aprobar, por una aplastante mayoría, la toma de un conjunto de medidas a designar para reducir, sobre todo, el nivel de óxido de nitrógeno (NOx), principal componente cancerígeno que emite el diésel en la combustión.
Así pues, con la ayuda de 585 votos a favor, 77 en contra, y 19 abstenciones, se van a endurecer los controles para que no vuelva a repetirse, otra vez, un nuevo caso como el que se descubrió hace ya 2 años y que fue conocido como DieselGate, implicando de lleno al todopoderoso grupo VAG.
Así pues, se controlará más a los fabricantes a la hora de contabilizar las mediciones de emisiones contaminantes de las motorizaciones con tecnología diésel. Del mismo modo, se ha aprobado que aquellas compañías que cometan fraude, deberán compensar por su engaño a los consumidores afectados.
Del mismo modo, la cuantía por infracción de la normativa comunitaria en lo referente al incumplimiento de emisiones podría suponer, por unidad comercializada, sanciones que girarían hasta los 30.00 euros.
A modo de evitar el fraude, cada uno de los Estados miembros deberá controlar como mínimo un 20% de los modelos que salgan al mercado el año anterior a su comercialización con el objetivo de detectar irregularidades que afecten a las motorizaciones diésel.
Por el momento, todo lo anterior no está firmado por lo que aún pueden haber variaciones en cuanto a la toma de decisiones. Lo que sí que parece claro es que por el momento, aquellos que disponen actualmente un vehículo diésel no se deberían ver afectados por este endurecimiento de la normativa.