Como bien sabes, el pasado mes de febrero se aprobó el Plan PIVE 7, dotado con una partida presupuestaria de 175 millones de euros. Pues bien, solamente dos meses después de su entrada en vigor sus fondos ya se están acabando y se habla de un Plan PIVE 8 que podría aprobarse en agosto.
La razón de su brevedad es que antes de su entrada en vigor, el Gobierno otorgó luz verde a los concesionarios para que los clientes pudieran hacer reservas, y cuando se hayan pagado todas sólo quedarán 30 millones para las compras nuevas.
Y todo ello ha ocurrido a pesar de la gran incongruencia que este Plan PIVE arrastra con el único objetivo de poner fin a la compra de vehículos prácticamente inservibles para poder adherirse al PIVE y que ya tuvo su primer intento con el anterior PIVE 6.
Esta práctica se llevaba a cabo debido a que anteriormente no existía ningún tipo de requisito que estuviera relacionado con la titularidad del vehículo a entregar. Es decir, que había un hermoso reducto en la compraventa de vehículos viejos para usarlos como moneda para poder adquirir la subvención del PIVE, tanto, que incluso los concesionarios eran los que se encargaban de realizar la operación en bastantes ocasiones.
Para evitar esta práctica, el PIVE 6 introdujo la novedad de que el vehículo destinado al achatarramiento tendría que tener pagado el Impuesto de Circulación en el año 2013. De esta manera, quien quisiera comprarse un coche y acogerse al Plan, tendría que entregar con su antiguo vehículo una fotocopia del recibo de pago del Impuesto de Circulación actualizado como mínimo en 2013.
Las polémicas novedades del Plan PIVE 7
Pero parece ser que esa medida era insuficiente, y el Plan PIVE 7 introdujo dos novedades importantes: la primera, que el beneficiario de las ayudas haya sido titular del vehículo a entregar como mínimo durante un año, y la más importante, que dicho vehículo haya pasado la ITV.
¿Ves donde está la barbaridad? Pues sí, resulta que con esta decisión pierde toda clase de sentido el objetivo primordial de la ITV, el de impedir que vehículos que no estén aptos para la circulación rueden por las carreteras.
Pero hay otro inconveniente que en este caso afectará más al ciudadano, ya que éste estará obligado a entregar un vehículo que sí esté apto para la circulación. Este hecho se contradice con la situación de crisis actual, donde la mayoría de la gente no adquiere un vehículo nuevo atendiendo exclusivamente a la edad de su coche, sino al estado general del mismo, por lo que si el mencionado automóvil está en condiciones de circular (y para eso debe pasar su correspondiente ITV) es seguro que su vida útil se estirará todo lo posible.
De modo que si nuestro viejo coche sufre una avería grave y resulta más recomendable adquirir otro en vez de repararlo, no tendremos ninguna opción de acogernos al Plan PIVE para poder comprar un vehículo nuevo. ¿Solución? Evidentemente, si el presupuesto no llega, no habrá más remedio que echar mano del mercado de segunda mano y de ocasión, por lo que se contradice el mismo objetivo primordial del Plan PIVE: el de rejuvenecer el parque automovilístico.
Evidentemente, en la práctica serán pocos los casos en lo que esto ocurra, porque supuestamente nuestro coche debe tener la ITV en vigor aunque haya sufrido una avería. Otra cosa es que tengamos la mala fortuna de que la misma ocurra en un periodo en el que tengamos pendiente pasar la correspondiente inspección, aunque podemos imaginar que tales casos serán una minoría.
Resumiendo, aunque la controvertida medida de vincular la ITV con el derecho a acogerse al Plan PIVE no sea un factor que vaya a impedir a grandes números comprar un automóvil nuevo, parece ser que el verdadero sentido de la ITV pierde todo su valor para convertirse en un nuevo instrumento de uso lejos de su teórico sentido de proteger la seguridad de los conductores.
